Plaza de la revolución

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miércoles, 29 de noviembre de 2017

Fiscalía significa protección de los derechos ciudadanos

Por Rosalina Tamayo Arañó

Palma Soriano, Santiago de Cuba, 29 nov.— La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que le corresponde el control y la preservación de la legalidad. La actividad de la Fiscalía General de la República procura el restablecimiento de la legalidad cuando sea quebrantada por disposiciones o decisiones contrarias a la constitución y las leyes. Además protege a los ciudadanos en el ejercicio legítimo de sus derechos e intereses.

Kirenia Govea Rosales, Fiscal de protección a los derechos ciudadanos en Palma Soriano nos comenta que a la Fiscalía puede acudir toda persona que necesite una orientación jurídica y el que considere que se le ha vulnerado un derecho. Acuden muchos por inquietudes con los procesos penales, para saber el estado de algunos de ellos, es decir alguien que interpuso una denuncia en la policía y quiere conocer en que situación marcha este proceso.

En Palma Soriano se atienden gran variedad de casos en materia laboral, trabajadores que necesitan conocer con qué recursos pueden apelar ante la administración porque consideran injusta la medida disciplinaria que se le impuso. También pueden acudir por violencia de género o discriminación y niños o ancianos que sufran desatención. Kirenia agrega que el Fiscal llama a los familiares y los advierte e impone de lo que deben cumplir de acuerdo a lo que dice el código de familia. 

En Palma Soriano son 13 mujeres las que se desempeñan como Fiscales. Ellas realizan verificaciones fiscales en entidades estatales, representan a los niños y atienden los procesos penales en un marco sancionador de uno a tres años.

Yusi Torres Fonseca, la Fiscal Jefa, a pesar de su juventud acumula experiencia al frente de esta institución que por estos tiempos trabaja para darle una mayor promoción a sus funciones y que los ciudadanos las conozcan. Ella reconoce que la Fiscalía debe contribuir más a prevenir el delito y otras conductas antisociales y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas.

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