Santiago de Cuba, 20 sep.— Un viejo anhelo de miles de familias puede hacerse realidad. La posibilidad de legalizar su vivienda está a su alcance.
Despejar preocupaciones y cambiar el status de sus domicilios, es el sentimiento que mueve a las más de 3 200 personas que han acudido a las Direcciones Municipales de Planificación Física (DMPF) de la provincia de Santiago de Cuba tras la puesta en vigor de los acuerdos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, del presente año, relacionados con el ordenamiento y legalización de las viviendas.
De los casos radicados en el territorio 252 han sido aprobados hasta el cierre informativo del mes de julio y el avance de los resueltos también, declaró a la prensa la especialista Gladys Izel Revilla Hernández, Jefa del Departamento de Trámites de la Dirección Provincial de Planificación Física.
“El proceso viene dando respuesta a las expectativas que pensábamos con una gran afluencia de público”, planteó José Aldo Alcántara de la Cruz, director de dicha instancia en el municipio de Santiago de Cuba, donde se concentraban más de 2900 casos presentados hasta el momento de este reportaje.
Alcántara de la Cruz dijo además “que el volumen de trabajo ha incrementado porque se suman los procesos que se desarrollan en la Dirección Municipal de la Vivienda porque aquí es donde se realizan los dictámenes técnicos”.
En otro momento de su intervención planteó que previo a este gran movimiento se generó un proceso de capacitación a los especialistas y técnicos que trabajan en dichos asuntos, no obstante, señaló que no se recibieron mejoras en cuanto a materiales de oficina y recursos informáticos tan necesarios para agilizar los trámites, a lo que se une la falta de algunos especialistas principales.
Yoana Linares Alcántara, Especialista en Derecho de la Dirección Provincial de Planificación Física, dijo que en todas las Direcciones Municipales de Planificación Física hay oficinas habilitadas “donde se encuentran los juristas que reciben los trámites vinculados al ordenamiento y legalización de la vivienda, para posteriormente emitir la aprobación correspondiente siempre y cuando no viole regulaciones urbanas ni los requisitos técnicos constructivos que se exigen para ello”.
En el caso de las personas que acuden a estas oficinas y que han realizado alguna acción constructiva en un terreno que no tiene status legal, sólo tienen que presentarse con su solicitud por escrito y el carnet de identidad.
Linares Alcántara, quien también es Jefa del Grupo de Atención a la Población enfatizó que la vivienda puede estar en construcción.
Con respecto a este acápite la arquitecta Natasha Font Salmon, Especialista en Ordenamiento Territorial manifestó que entre las principales regulaciones urbanísticas que deben tener las viviendas para darle la habitabilidad están: “separación entre las viviendas, la altura, la disposición de la fachada, la características del espacio urbano en línea de fachada, separación del inmueble del eje vial porque el espacio urbano tiene que irse conformando con sus aceras, parques, vías y servicios”.
A sólo pocos meses de la puesta en vigor de las medidas jurídicas nuevas líneas de trabajo se perfilan para acercar los servicios a los cuatro Consejos Populares, expuso Alcántara de la Cruz. Teniendo en cuenta el número de personas que diariamente se presentan en nuestras oficinas hemos evaluado la pertinencia de este asunto cuando las condiciones se presenten.
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