Santiago de Cuba, 9 nov.— Los diputados a la Asamblea Nacional de Poder Popular por las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo analizaron, en esta ciudad, el Proyecto de Ley de Aguas terrestres, la primera de su tipo con la que contará el país.
José Luis Toledo Santander, presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento
cubano, quien condujo el debate, significó la importancia del
intercambio con vistas a facilitar la aprobación del texto en el próximo
período ordinario de sesiones.
Ello nos permite llegar con un consenso previo a la reunión del órgano legislativo de la nación, señaló.
La Ley ordenará la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres como recurso natural renovable y limitado, en función del interés social, de la economía, la salud y el medio ambiente, y establecerá medidas para su protección, incluso del impacto de los eventos extremos y el cambio climático.
Durante cuatro horas y en presencia de directivos nacionales y locales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), organismo designado como ponente de la Ley, se realizó una veintena de intervenciones que coincidieron en la importancia del tema y modificaron o acotaron su contenido.
Beatriz Jhonson Urrutia, diputada por el municipio de Santiago de Cuba, señaló la necesidad de evaluar las funciones conferidas al Poder Popular como parte de las responsabilidades de los organismos y órganos del Estado.
Francisco Pacheco, de San Luis, propuso agregar la facultad del Estado de estimular las acciones que cambian artificialmente la disponibilidad de ese recurso, como la incorporación de agua desalinizada o la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico.
Danilo Miranda, del municipio cabecera, llamó la atención sobre el tratamiento de las fosas, que no son incluidas para su tratamiento como parte de los alcantarillados sanitarios.
También de la localidad cabecera, Ricardo Ocaña, solicitó especificar cuándo se considerará la concentración de la gestión del agua, mientras que Jorge Miranda, de Guamá, sugirió la revisión en cuanto al uso de las aguas medicinales.
Idaliena Díaz, diputada por el municipio de Guantánamo, sugirió revisar el uso indistinto de las palabras hidrometeorología y meteorología, para unificar en lo posible los términos empleados en el documento.
La Ley se armoniza con otras con las que guarda relación, responde a la Política Hidráulica del país aprobada por el Consejo de Ministros y los lineamientos 133, 202, 204, 129, 138, 117 y 130 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Ello nos permite llegar con un consenso previo a la reunión del órgano legislativo de la nación, señaló.
La Ley ordenará la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres como recurso natural renovable y limitado, en función del interés social, de la economía, la salud y el medio ambiente, y establecerá medidas para su protección, incluso del impacto de los eventos extremos y el cambio climático.
Durante cuatro horas y en presencia de directivos nacionales y locales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), organismo designado como ponente de la Ley, se realizó una veintena de intervenciones que coincidieron en la importancia del tema y modificaron o acotaron su contenido.
Beatriz Jhonson Urrutia, diputada por el municipio de Santiago de Cuba, señaló la necesidad de evaluar las funciones conferidas al Poder Popular como parte de las responsabilidades de los organismos y órganos del Estado.
Francisco Pacheco, de San Luis, propuso agregar la facultad del Estado de estimular las acciones que cambian artificialmente la disponibilidad de ese recurso, como la incorporación de agua desalinizada o la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico.
Danilo Miranda, del municipio cabecera, llamó la atención sobre el tratamiento de las fosas, que no son incluidas para su tratamiento como parte de los alcantarillados sanitarios.
También de la localidad cabecera, Ricardo Ocaña, solicitó especificar cuándo se considerará la concentración de la gestión del agua, mientras que Jorge Miranda, de Guamá, sugirió la revisión en cuanto al uso de las aguas medicinales.
Idaliena Díaz, diputada por el municipio de Guantánamo, sugirió revisar el uso indistinto de las palabras hidrometeorología y meteorología, para unificar en lo posible los términos empleados en el documento.
La Ley se armoniza con otras con las que guarda relación, responde a la Política Hidráulica del país aprobada por el Consejo de Ministros y los lineamientos 133, 202, 204, 129, 138, 117 y 130 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
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