Por PL
El Gobierno de Estados Unidos trasladó el 11 de enero de 2002 los primeros prisioneros a la base naval de Guantánamo, donde estableció una cárcel de alta seguridad denunciada internacionalmente por los sistemáticos maltratos y torturas allí cometidos.
A 10 años de abierto en un territorio ocupado desde 1898 contra la voluntad de los cubanos, ese centro de detenciones continúa operativo, pese al reclamo universal de clausura y la promesa electoral de cerrarlo realizada por el presidente Barack Obama en noviembre de 2008, antes de llegar a la Casa Blanca.
"Es una vergüenza, además de que no es un territorio estadounidense, lo convierten en un campo de concentración donde se violan los más elementales derechos humanos", señaló en esta capital el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento de Cuba, Ramón Pez Ferro.
En declaraciones a Prensa Latina a propósito de la década de creada la cárcel de Guantánamo, el diputado recordó que se ubica en una porción de la isla ocupada luego de la intervención norteamericana que a finales del siglo XIX arrebató a los mambises el triunfo sobre el colonialismo español.
Los yanquis escamotearon aquella victoria, nos quitaron un territorio que nos pertenece y ahora llevan allí personas por la fuerza sin respetar sus derechos, incluso hay denuncias de inocentes confinados, apuntó.
Un total de 20 "combatientes enemigos ilegales" -categoría ideada por Washington para justificar el encierro- llegaron el 11 de enero de 2002 al centro de detenciones asentado en el extremo oriente cubano, luego de la cruzada contra el terrorismo proclamada por Estados Unidos, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Desde entonces, alrededor de 800 supuestos integrantes de la red Al Qaeda o talibanes, entre ellos más de una docena de niños, fueron trasladados en vuelos secretos a la cárcel de Guantánamo, donde según informaciones del Pentágono, 171 personas de 20 países permanecen recluidas.
Organismos internacionales, activistas y defensores de derechos humanos exigen el cierre de la instalación, argumentando los maltratos y torturas a reos, así como los procedimientos empleados por un gobierno renuente a considerar prisioneros de guerra a los encerrados.
En Cuba seguiremos condenando la ocupación ilegal de nuestro territorio, así como el establecimiento allí de un campo de concentración, aseguró Pez Ferro.
De acuerdo con el parlamentario, "algún día terminarán esas injusticias de Washington, repudiadas de manera creciente en el mundo".
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