Adriana Pérez, esposa de uno de los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos desde 1998, expondrá hoy al público de Canadá detalles del caso de esos luchadores y las irregularidades cometidas en su proceso judicial.
Peréz y el embajador de Cuba en Canadá, Julio Garmendía, son los principales oradores de un conversatorio programado esta noche en la ciudad de Vancouver para explicar la situación de Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Fernando González y Antonio Guerrero.
Esos hombres -conocidos internacionalmente como Los Cinco- enfrentan severas sanciones desde que fueron condenados 2001 por alertar a su país de los planes terroristas de grupos violentos radicados en Miami.
En esa ciudad estadounidense se han planificado acciones agresivas contra Cuba que en los últimos 53 años ocasionaron más de tres mil 400 víctimas en esa isla.
Cuatro de ellos continúan en prisión, luego que René González cumpliera el 7 de octubre de 2011 su condena de 13 años, pero tiene un castigo adicional de tres años bajo un régimen de libertad supervisada en Florida, en el sur de Estados Unidos.
Adriana Pérez, la esposa de Gerardo Hernández, también participará en otro evento similar el próximo día 20 en la sede del sindicato de Trabajadores Unidos del Acero, en Toronto.
Estados Unidos le ha negado constantemente la visa a Adriana para visitar en la cárcel a su esposo, sometido a una condena dos cadenas perpetuas más 15 años de cárcel bajo los cargos de conspiración para cometer asesinato y espionaje, aunque no existen evidencias probadas de esos delitos.
Los conversatorios en Canadá son organizados por el sindicato de Trabajadores Unidos del Acero y sus patrocinadores son el Comité por la Libertad de Los Cinco de Vancouver, la Asociación de Amistad con Cuba de esa ciudad y la agrupación Comunidades de Vancouver en Solidaridad con Cuba.
Los antiterroristas cubanos fueron procesados en Miami en medio de un clima mediático hostil encaminado a manipular la opinión pública, persuadir al jurado y asegurar que fueran condenados.
Sus abogados buscan demostrar cómo las autoridades federales pagaron a periodistas y medios de prensa para montar una campaña con influencia negativa sobre el juicio y los acusados.
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