Por Armando Fernández Martí
Santiago de Cuba, 26 ene.— El 26 de enero de 1959, cuando la Revolución cubana aún no había cumplido un mes de su triunfo, el Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario decretaba una de las medidas de más arraigo popular: la Ley No. 26 que prohibía los desahucios pendientes de ejecutar, por los propietarios de viviendas de alquiler cuyos inquilinos le adeudasen un mes o más de pago
El desahucio era una práctica muy empleada en Cuba por los dueños de casas de alquiler, que no permitían que los inquilinos le adeudasen pago alguno, pues de ser así, eran echados a las calles con sus bienes, lo que constituía un método brutal y traumático con la consiguiente afectación síquica y moral de los desalojados.
En la segunda mitad de la década del 50 existían en el país dos millones 200 mil personas obligadas a pagar alquileres de viviendas, lo que representaba entre un quinto y un tercio de sus salarios, mientras que otros 400 mil cubanos vivían hacinados en barracones, cuarterías o solares, en ocasiones sin las condiciones mínimas de habitabilidad o higiene.
Tan dramática situación había sido denunciada por el Dr. Fidel Castro Ruz durante el juicio por el asalto al Cuartel Moncada, cuya plataforma política incluía el proporcionar a cada cubano una vivienda decorosa.
Ese sueño de los moncadistas comenzó a hacerse realidad el 26 de enero de MIL 959, con la prohibición del Gobierno Revolucionario de los desalojos, seguida por la Ley No. 135 de marzo de ese mismo año que decretaba la rebaja de los alquileres de viviendas en un 50 por ciento cuando no excedían los cien pesos y del 40 por ciento si eran inferiores a 200 pesos.
También el marzo de 1959 la Revolución creaba el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, que empleando como financiamiento la recaudación de los billetes de la lotería nacional, entre enero del 59 y el de 1961 ejecutó en todo el país miles de modernas viviendas como las de La Habana del Este, en la capital, y el Barrio de Pastorita en Santiago de Cuba, entregándoselas a sus moradores en calidad de propietarios a precios modestos y con facilidades de pago.
Como colofón y para solucionar el problema de la vivienda en Cuba y materializar el anhelo de que cada familia cubana contara con casa propia, el 14 de octubre de 1960 se promulgó la Ley de Reforma Urbana, en virtud de la cual 200 mil familias recibieron la propiedad de sus casas y otras 320 mil lo harían en los años siguientes.
Se cumplía así por la Revolución Cubana lo establecido en el Programa del Moncada.
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