A cinco días de entrar en vigor nuevas medidas migratorias que favorecen el flujo de cubanos desde y hacia la isla, autoridades locales incrementan las informaciones sobre la actualización anunciada en octubre pasado.
La política que comenzará a aplicarse el lunes 14 de enero genera expectativas dentro y fuera del país, sobre todo por aspectos como la eliminación de la solicitud de permiso de salida para los viajes al extranjero y del requisito de la carta de invitación.
También destacan por su impacto la extensión de 11 a 24 meses de la permanencia fuera del país sin perder la residencia, la posibilidad de salida de menores de 18 años previa autorización de sus padres o representantes legales, y que emigrados podrán visitar la isla por hasta 90 días, a diferencia de los 30 fijados anteriormente.
Se prevé además la normalización de la entrada temporal de quienes migraron ilegalmente después de los acuerdos migratorios de 1994 con Estados Unidos, si han transcurrido ocho años de su salida; y la ampliación de las causas de la repatriación.
Según una nota de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE), publicada esta semana en la prensa, fueron creadas las condiciones para la aplicación de las normas jurídicas que sustentan la actualización, entre ellas el Decreto Ley 302.
Están listas en todas las 15 provincias las oficinas de trámites para la solicitud del pasaporte -acción de la ciudadanía que debe marcar los primeros compases- y el personal recibió la preparación necesaria para afrontar el escenario previsible, señaló la entidad del Ministerio del Interior.
Destaca entre las condiciones establecidas la definición de las personas sujetas a limitaciones o regulaciones para acceder al pasaporte.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con los Órganos de la Administración Central del Estado desarrolló el proceso para fijar esas categorías.
De acuerdo con la actualización que entrará en vigor, ciudadanos cubanos residentes en la isla no podrán obtener el documento de viaje si se ubican en supuestos como estar sometido a proceso penal, encontrarse sujeto al cumplimiento del Servicio Militar o por razones de Defensa y Seguridad Nacional.
También se mencionan a quienes tienen obligaciones con el Estado o carecen de autorización en virtud de normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada y proteger la información oficial.
A propósito de estas situaciones, el segundo jefe de la DIE, coronel Lamberto Fraga, explicó que los países tienen el derecho de actuar en función de defender los intereses supremos de la sociedad, prerrogativa en la que el gobierno se apoya para resguardar a cuadros, profesionales, científicos, técnicos y deportistas considerados clave de cara al desarrollo socio-económico del país.
Sin embargo, podemos adelantar que la mayoría de las solicitudes tendrán una respuesta positiva, y que estos causales no son permanentes, dijo la víspera a la televisión.
Fraga precisó además que los incluidos en los supuestos que pudieran impedir la salida de la isla y la necesidad de una autorización para hacerlo, recibirán las explicaciones correspondientes en las oficinas de trámites de pasaporte.
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