Autor : Néstor Núñez
Cuba, como otras sociedades del mundo, nunca estuvo exenta del fenómeno migratorio.
Decenas
de miles de sus ciudadanos, a través de todas las épocas y por las más
disímiles motivaciones, decidieron salir del país temporal o
definitivamente y, lógicamente, uno de los principales destinos fue el
poderoso vecino del Norte.
Solo que el trámite en cuestión
cambiaría sustancialmente a partir de que la Isla decidió asumir sus
propios destinos, e intentó forjarse una vida y una actuación
independientes en relación con los lazos de subordinación que les fueron
impuestos desde finales del siglo diecinueve por la entonces potencia
emergente del hemisferio.
El alocado interés imperial de
destruir el experimento revolucionario cubano y retornar al “díscolo y
rebelde” vecino sureño a su status de subordinación, politizó por
completo el tema de la emigración hacia territorio norteamericano y lo
marcó con la más dañina distorsión, enmarañando todo el proceso y
diferenciándolo en extremo de la práctica universal que caracteriza el
movimiento de las personas a otras latitudes.
Desde enero de
1959, y luego de las primeras oleadas de personeros del depuesto régimen
dictatorial de Fulgencio Batista hacia los Estados Unidos, la
propaganda oficial norteamericana convirtió a los cubanos, hasta el día
de hoy, en “refugiados políticos”, muy a tono con el deseo de proyectar
la imagen de Cuba como una cárcel asfixiante para la mayoría de sus
pobladores.
El estímulo a la salida de la Isla de sus
profesionales y técnicos, y el impulso al uso de vías ilegales y
sumamente peligrosas, se entronizaron en el empeño de reforzar esa
impresión negativa.
Y la culminación de esta estrategia sería
la promulgación decenios atrás de la ya tan conocida Ley de Ajuste
Cubano, aún vigente, que otorga exclusivos privilegios a los ciudadanos
de nuestro país que llegan por rutas y métodos ilícitos a suelo
norteamericano.
Tratamientos especiales, dicho sea de paso,
que solo se aplican a los emigrados desde el triunfo de la Revolución y
que han sido privativos para los cubanos ya asentados desde antes en el
Norte, según se recordó en fecha reciente en los medios televisivos
locales.
Cuba cuyo interés esencial es promover una emigración
segura y ordenada, a la vez que conservar su seguridad y su potencial
científico-técnico, debió defenderse también en este terreno de la
enconada hostilidad oficial estadounidense, y el sistema para la salida
de sus ciudadanos al exterior añadió medidas y consideraciones que el
tiempo y las circunstancias han dejado atrás definitivamente.
De
ahí la entrada en vigor, desde este 14 de enero, de una reforma de las
leyes migratorias cubanas que flexibiliza en mucho los trámites para las
salidas y permanencia en el exterior de los ciudadanos de la Isla, y
que de hecho normaliza y estandariza esos mecanismos a tono con las
usuales prácticas vigentes a escala internacional.
Disposiciones
que apuntan a eliminar, como se ha informado, los anacronismos y
excesos que debieron ejercitarse en circunstancias pasadas, y que sin
dudas favorecen en mucho el orden y la seguridad de los que optan por
moverse al exterior, al tiempo que amplían los derroteros en el empeño
por fortalecer los lazos entre el país y su emigración, que hoy suma
cerca de millón y medio de conciudadanos.
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