Por Armando Fernández Martí/Foto de InternetSantiago de Cuba, 14 oct.— En su alegato "La Historia me Absolverá", en octubre de 1953, Fidel denunció que para entonces en el país, dos millones 200 mil personas se veían obligadas a pagar alquileres de viviendas, que representaban buena parte de los ingresos familiares, en tanto que en nuestros campos existían 220 mil bohíos y chozas y otras 400 mil familias se hacinaban en barracones, cuarterías y solares sin las más mínimas condiciones higiénicas y habitacionales.
La propia ley proscribió en el país el alquiler y todo tipo de cesión parcial o total de inmuebles urbanos. Posteriormente, otras leyes e instrumentos legales permitieron que miles de familias que ostentaban la condición de usufructuarios también fueran propietarios de sus viviendas e incluso, aquellas que de forma ilegal la habían construido en terrenos estatales.
Perfeccionando todo ese mecanismo, en 1989 fue promulgada la Ley 85, Ley General de la Vivienda, vigente y que concede al Estado la responsabilidad del problema habitacional y que ha permitido que más del 85 por ciento de las familias cubanas disfruten de sus propias viviendas, sin temor al desalojo, como ocurría antes de 1959.
No cabe la menor duda, que aquella Ley de Reforma Urbana aprobada hace hoy 55 años, inició el proceso transformador de la vivienda en Cuba, uno de los problemas más acuciantes sufridos por la población cubana desde la misma etapa colonial.
Desde 1960 hasta nuestros días, la población cubana creció en casi dos veces aumentando el número de viviendas necesarias a pesar de las cientos de miles que se han construido.
La Ley de Reforma Urbana del 14 de octubre de 1960 fue sustituida en 1989 por la Ley General de la Vivienda, que con sus modificaciones a lo largo de estos años ha cumplido con el principio, que el derecho de propiedad personal sobre la vivienda no es ni puede ser mecanismo de enriquecimiento ni de explotación.
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