Lo que distingue al Sistema Electoral cubano
La Habana, 21 oct.— Más de ocho millones de cubanos están convocados hoy a las urnas para elegir por voto libre y secreto a 14 mil 537 concejales durante la primera fase de las elecciones generales en la isla.
De ese modo, los electores seleccionarán a aquellas personas que los representarán por un período de dos años y medio en las 168 Asambleas Municipales del Poder Popular existentes en el país.
Ante las más de 32 mil propuestas derivadas de las reuniones vecinales efectuadas del 3 al 29 de septiembre, los votantes deberán definir en cada distrito electoral o circunscripción sus preferencias por el candidato que consideren más capaz, a partir de sus méritos personales y trayectoria.
De acuerdo con la Comisión Electoral Nacional (CEN), más de 29 mil 500 colegios electorales abrirán sus puertas en toda la isla y acogerán las urnas que serán custodiadas -como es tradición aquí- por estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria.
En su convocatoria a la población a mantener la tradicional participación en los comicios, el secretario de la CEN, Rubén Pérez, recordó que los centros de votación abrirán de 07:00 hora local (11:00 GMT) a las 18:00 (22:00 GMT).
Según el funcionario, al finalizar el sufragio se realizará un escrutinio público, o sea, se contarán los votos obtenidos por cada uno de los nominados a la vista de todos los electores que quieran presenciar el conteo.
Una vez concluido este paso, se procederá con la mayor inmediatez a la publicación de los resultados, para que los electores conozcan cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos y quién resultó electo, añadió Pérez.
Si en alguna circunscripción nadie obtiene más del 50 por ciento de los sufragios válidos, se recurrirá entonces a una segunda vuelta el domingo 28 de octubre.
De acuerdo con la Ley Electoral, todos los cubanos mayores de 16 años podrán ejercer su derecho ciudadano al voto en las elecciones generales, convocadas para elegir a los delegados a las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular y a los diputados del Parlamento.
La norma solo inhabilita a los sancionados jurídicamente y los incapacitados mentales.
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